Desnacionalización del patrimonio peruano y libertad de expresión.- El caso de Herbert Mujica y los juicios de "Lima Airport Partners"

Herbert Mujica Rojas, uno de los pocos periodistas peruanos que puede ser considerado verdaderamente independiente.

En la gran mayoría de países donde se aplicó la política neoliberal de rematar las empresas estatales dedicadas a la explotación de los recursos naturales, las comunicaciones y los servicios públicos, siempre surgieron denuncias por subvaluaciones, malos manejos, y favoritismos en los procesos de adjudicación.

Inmediatamente e invariablemente. Desde Rusia en el este, hasta el Perú en el Hemisferio Occidental.

En nuestro país, dichas denuncias tuvieron −y tienen− sobrado fundamento. Baste recordar tres casos. El primero de ellos fue el remate de la Compañía Peruana de Teléfonos y de Entel-Perú, negocio en el cual la dictadura fujimorista infravaloró el precio de ambas compañías, colocándolo en sólo 525 millones de dólares, cuando su valor de mercado real, probablemente, ascendía a seis veces esa cifra. La Telefónica de España se adjudicó ambas empresas pagando 2,002 millones de dólares, cifra que superó en 346 millones de dólares las sospechosas ofertas combinadas de los otros dos postores. Por supuesto, hasta la fecha no se ha producido una investigación seria sobre las responsabilidades en este visible intento de infravalorar el patrimonio de todos los peruanos.
El segundo caso que debemos citar fue el de Hierro-Perú, empresa estatal que el flautista Kuczynski quiso levantarse pagando una propina de 24 millones de dólares. Su intento fue frustrado por la empresa china Shougang que abonó cinco veces el sencillo que quería desembolsar el ciudadano estadounidense ex-ministro de economía.
Finalmente, debe traerse a la memoria el caso de Yanacocha, cuya explotación, en la práctica, fue asignada en la salita de operaciones del delincuente fujimorista Vladimiro Montesinos.

Con semejantes antecedentes, y peor aún en el caso de un país de instituciones y autoridades corruptas como el Perú, se hace absolutamente necesario que el periodismo independiente defensor de los intereses nacionales, mantenga una permanente actitud de investigación, crítica, y de ser necesario denuncia, con respecto a las ferias privatizadoras y tómbolas de concesiones organizadas por los regímenes neoliberales de Fujimori, Paniagua, Toledo y García.
Claro está, para que esta mínima defensa del patrimonio peruano pueda producirse, resulta imprescindible el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de opinar con fundamento, sin temor a represalias físicas, ni laborales, ni económicas. Los periodistas que escriben con razones sustento y ejercen su profesión de buena fe, como cualquier otro ciudadano en circunstancias similares, deben estar libres de amenazas policíacas y triquiñuelas legales.

Esta conducta debe ejercitarse porque el remate de la propiedad estatal en el Perú fue producto de una decisión política de los regímenes mencionados. Discúlpeseme la redundancia, pero debo insistir que en una verdadera democracia, todo acto político debe ser susceptible de análisis amplio y discusión pública, sin coacciones, chantajes, ni intimidaciones. La transferencia al sector privado extranjero de la propiedad colectiva de la nación se realizó por disposición de los citados gobiernos, preocupados en satisfacer más los intereses externos que los nacionales. Gustosamente, estas administraciones actuaron presionadas por organismos internacionales de visible orientación imperial, que condicionaron su "apoyo" a la entrega del patrimonio público peruano a intereses transnacionales. Siendo éstos actos de gobierno quedan sujetos a la crítica de la prensa y la opinión libres.

Escribo las líneas anteriores porque Herbert Mujica Rojas, seguidor ejemplar de González Prada y sufrido periodista independiente, ha sido enjuiciado por un alto funcionario de la empresa Lima Airport Partners (LAP) por delito contra el honor en la modalidad de difamación. LAP apareció en el diccionario peruano de siglas cuando recibió, en curiosas circunstancias, la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de la capital peruana. La entrega de nuestro primer terminal aéreo fue objeto de una meticulosa investigación por parte de Herbert, la misma que su autor fue plasmando en continuados artículos y en el libro de 2007 ¡Estafa al Perú! ¡Cómo robarse aeropuertos y vivir sin problemas!

Parece ser que a Lima Airport Partners no le gustó mucho que Herbert metiera las narices en el negocio de la concesión del Jorge Chávez, puesto que hasta la fecha ya ha tratado de callarlo, enjuiciándolo dos veces. Las acciones de LAP olvidan que todo acto político de las administraciones estatales −como la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez− está sujeto al escrutinio de la opinión pública. Al no tomar en cuenta ello y proceder tratando de obstaculizar legalmente al crítico, la empresa favorecida con la concesión se coloca en una difícil circunstancia, que no hace sino levantar (más) sospechas respecto a los entuertos investigados por Mujica. Dichas demandas judiciales resultan tanto más significativas cuando se recuerda que Herbert Mujica es un "periodista sin espacio radial, sin canal televisivo, y sin periódico que acoja sus columnas diarias". Su imprenta está ubicada en Internet y sus linotipos son los escritos que publica en el ciberespacio.

Finalmente, hay algo que me llama la atención en materia personal. Quien intenta frenar por medios judiciales las investigaciones de Herbert Mujica pertenece a una familia de abolengo belaundista y por ende de estirpe democrática. Conocí a varios de los hermanos Daly Arbulú cuando estudiamos juntos hace ya varias décadas en el Colegio San Andrés. Durante el segundo gobierno de don Fernando, uno de los hermanos Daly Arbulú, funcionario de confianza de un banco estatal, tuvo gestos y actitudes de corrección, que se mantienen en el recuerdo. Desde su privilegiada posición en el gremio empresarial industrial, otro de los hermanos Daly Arbulú −al igual que este escriba, miembro de la promoción "Herbert Money" (1968) del "San Andrés"− tuvo tambiénun comportamiento democrático cuando debí ejercer una función ministerial. Por eso me sorprende que un miembro de una familia belaundista como los Daly Arbulú, que por el ejemplo y la crianza paterna debería entender el concepto de democracia y lo que ésta conlleva, sea el que esté enjuiciando a Herbert Mujica, supuestamente por difamación.

Creemos que le corresponde a Jaime, el demandante y gerente general de LAP, reevaluar su estrategia y comprender que los actos políticos de todo gobierno −en especial las acciones de privatización y concesión de la propiedad pública− deben ser objeto de amplio debate nacional, con argumentaciones y fundamentos. Si LAP se metió a un negocio de concesión con el gobierno, sabía de antemano que la operación sería analizada por el periodismo. Todo aquello que contribuya a esclarecer las circunstancias de la transacción del Aeropuerto Jorge Chávez debe ser alentado y no reprimido.
Y en cuanto a Herbert Mujica, si bien sabemos que su apellido materno es Rojas, a veces lo recordamos como Herbert Mujica "Gallo" no porque esté emparentado con el célebre coleccionista del Oro del Perú sino porque es un verdadero gallo de pelea en la defensa del otro oro del Perú que es, precisamente el patrimonio nacional, rematado por las administraciones neoliberales de Fujimori, Paniagua, Toledo y García.