Raúl Rodríguez Cortés. Revista Siempre
El de Oaxaca es un problema no resuelto. Es, de hecho, uno de los grandes pendientes nacionales. Pero el gobierno de Felipe Calderón, al menos en apariencia, no lo asume así. Parece bastarle con el despliegue policiaco-militar que ordenó la administración anterior, que continuó en los primeros días de la actual, y que dio lugar a diversos enfrentamientos violentos, una serie de detenciones y numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Con la recuperación del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca y de su ciudad universitaria, así como la aprehensión de líderes como Flavio Sosa y el retiro paulatino de la Policía Federal Preventiva, los gobiernos de Felipe Calderón y Ulises Ruiz han enfatizado que la situación regresó a la normalidad y que el movimiento liderado por la APPO fue sometido y descabezado.
Los hechos registrados en Oaxaca al empezar este 2007, por cierto poco difundidos, nos dicen que es incorrecta la apreciación de los gobiernos federal y estatal. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca anunció el pasado primero de enero la creación del municipio libre y autónomo de San Juan Copala, en la región oriente del estado. Comprende tres municipios constitucionalmente erigidos (Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla de Guerrero) poblados por 20 mil indígenas de 20 comunidades triquis que decidieron desconocer a las autoridades legalmente constituidas.
El propio gobierno de Oaxaca reconoce focos rojos en por lo menos otros trece municipios del estado donde podrían surgir intentos similares por elegir ayuntamientos autónomos.
De prosperar esa tendencia en los próximos días, tendremos a la vista expresiones objetivas de la profundidad social del movimiento encabezado por la APPO y de que su estructura e influencia está muy lejos de haber sido diezmada a pesar de la violencia desplegada por las fuerzas federales de apoyo y de la persecución desatada contra sus militantes y simpatizantes.
La persecución, en todo caso, tenderá a intensificarse y rebasará, con mucho, las 500 aprehensiones registradas en 2006 a participantes en movimientos sociales como los de San Salvador Atenco y la APPO, según el no gubernamental Comité Cerezo México. La coartada perfecta sería el despliegue policiaco-militar contra el narcotráfico iniciado en Michoacán a principios de diciembre pasado y que se extenderá paulatinamente a otras localidades del país, empezando por Tijuana, Baja California Norte, según anunció el martes pasado el gabinete de seguridad de Felipe Calderón.
Oaxaca, por lo expuesto, es un conflicto latente.
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